Aunque se trata de una deuda privada asumida por los importadores, es importante destacar que también representa un compromiso por parte del Banco Central de la República Argentina de suministrar las correspondientes divisas al tipo de cambio vigente en el momento de la transacción.
Además de la deuda del Tesoro, que consiste en bonos denominados en pesos pero dolarizados o indexados por inflación, con un monto total de aproximadamente USD 80.000 millones que deben pagarse para el año 2024 (alrededor de USD 21.500 millones en el primer trimestre), existe una deuda del BCRA con el sector bancario privado que alcanza casi los 20 billones de pesos, generando intereses por un valor cercano a los $2 billones al mes. Adicionalmente, se debe considerar que la recaudación fiscal ha sido afectada por adelantos impositivos que la administración actual ha capturado.
Lo que es fundamental tener en cuenta es que el próximo gobierno que asuma el 10 de diciembre se enfrentará a un “pasivo oculto” de proporciones considerables. Este “pasivo oculto” se refiere a un total de casi USD 42.000 millones correspondientes a importaciones ya efectuadas y registradas, pero que fueron financiadas con dólares proporcionados por los importadores o sus casas matrices y proveedores en el extranjero. Si bien esta es una deuda de carácter privado, también implica un compromiso futuro por parte del BCRA para entregar los dólares correspondientes a cambio de pesos de los importadores, ajustados al tipo de cambio vigente en ese momento.
Los expertos sugieren que la reciente versión del “Programa de Incremento Exportador”, conocido como “dólar soja”, tiene como objetivo aumentar las liquidaciones de divisas en septiembre y permite a los exportadores registrar ventas hasta septiembre de 2024, pagando los derechos de exportación correspondientes. Sin embargo, esta medida ha sido objeto de críticas debido a la percepción de una excesiva carga fiscal por parte del gobierno, llegando al extremo de cobrar retenciones sobre cosechas que aún no han sido sembradas, lo que ha generado preocupación sobre el impacto a largo plazo en la agricultura y la economía en general.
Además, el nuevo mecanismo del “dólar soja” parece estar influenciado por las limitaciones del gobierno para intervenir en el mercado cambiario. Desde la última devaluación, el BCRA ha acumulado compras de divisas por más de USD 1.150 millones, pero al mismo tiempo ha realizado un número récord de intervenciones de venta en el mercado paralelo del “dólar bolsa”, superando los USD 1.000 millones, más de cuatro veces el promedio mensual anterior.
El resultado de estas intervenciones es la disminución de las reservas en dólares disponibles para pagar importaciones, una creciente demora en el pago de Solicitudes de Importación de Recursos Afianzados (SIRAs) ya autorizadas, y la emisión de nuevas SIRAs sin fecha de vencimiento, lo que efectivamente retrasa la entrega de dólares a cambio de pesos utilizados para pagar la deuda comercial asumida por los importadores.
Según cálculos de expertos, la deuda comercial de los importadores (y el compromiso del BCRA de proporcionar las divisas correspondientes) habría aumentado en aproximadamente USD 2.770 millones solo en el mes de agosto, acumulando un total de USD 10.000 millones en lo que va del año. Esto significa que el saldo de deuda por importaciones se estima en USD 41.921 millones, un 84% por encima del promedio registrado durante el período 2017-2021, según estimaciones de la consultora Empiria, basadas en datos del BCRA y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
El gráfico presentado en el informe del Instituto de Estudios Económicos y Sociales del Ieral demuestra claramente la insostenibilidad de esta dinámica. Entre junio de 2022 y abril de 2023, por cada USD 100 de importaciones, se estaban pagando entre USD 80 y USD 90, acumulando deuda comercial a un ritmo alarmante. Sin embargo, a partir de abril, se ha producido una drástica caída en el monto pagado, llegando a solo USD 59 por cada USD 100 importados.
Este “pasivo oculto” prácticamente se iguala en magnitud a la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que el gobierno actual ha gestionado principalmente a través de un acuerdo firmado en marzo de 2022 por el entonces Ministro de Economía, Martín Guzmán. Además, el aumento de la deuda comercial se relaciona con el uso de yuanes en el intercambio de monedas con China para pagar importaciones. A principios de septiembre, se estimaba que se habían utilizado aproximadamente USD 2.200 millones en yuanes para este fin, pero tras los anuncios del Ministerio de Economía sobre la liberación de SIRAs para las pymes, se ha calculado que estos compromisos están aumentando a un ritmo de USD 25 millones diarios.
Dado el uso reciente y creciente de yuanes para financiar importaciones, junto con el hecho de que se han utilizado casi USD 2.000 millones para pagar a tenedores de bonos y al propio FMI, solo quedarían disponibles alrededor de USD 800 millones del primer tramo del acuerdo de intercambio de monedas con China. Si no se autoriza el segundo tramo, equivalente a otros USD 5.000 millones, las importaciones se verán seriamente afectadas por la falta de recursos oficiales en dólares.
En resumen, el gobierno entrante heredará un “pasivo oculto” significativo que representa una presión adicional sobre las finanzas del país y que deberá abordar de manera efectiva para garantizar la estabilidad económica y financiera. Esta situación es un recordatorio de la complejidad de la gestión económica en un entorno globalmente desafiante y cambiante.
