El Banco Central restableció las reglas para las cuentas que reemplazarán el pago por antigüedad

El Banco Central oficializó la reglamentación de las Cuentas Bancarias de Cese Laboral, un mecanismo alternativo de indemnización contemplado en la Ley Bases y en el Decreto 847/2024.

Este esquema, que puede reemplazar el pago tradicional por antigüedad, consiste en la apertura de una cuenta a la que tanto empleador como trabajador podrán realizar aportes destinados a cubrir una eventual indemnización. Es uno de los cuatro modelos de compensación laboral incluidos en la normativa.

En semanas recientes, la Comisión Nacional de Valores definió el marco regulatorio para Fideicomisos Financieros y Fondos Comunes de Inversión, mientras que la Superintendencia de Seguros de la Nación hizo lo propio con los Seguros de Cese Laboral. Ahora, a través de la Comunicación “A” 8288/2025, el Banco Central precisó las condiciones de funcionamiento de estas cuentas. Tal como sucede con las demás modalidades, su aplicación efectiva dependerá de que estén incorporadas en los convenios colectivos de trabajo.

Una vez cumplida esta condición, el empleador podrá solicitar la apertura de una cuenta bancaria a nombre del trabajador, quien será su único titular. Estas cuentas se regirán por la normativa vigente para las cajas de ahorro, lo que habilita a las entidades a cobrar comisiones por mantenimiento.

Los fondos se integrarán únicamente con aportes del empleador y/o del trabajador. La ley, el decreto y la comunicación oficial no fijan montos ni frecuencia de los depósitos, dejando estos aspectos a la negociación entre sindicatos y empleadores. Finalizada la relación laboral, el empleado podrá disponer del dinero en su cuenta, ya sea mediante transferencia o retirando efectivo en ventanilla.

Mensualmente, los bancos deberán remitir un resumen detallado de movimientos y saldos a un correo electrónico provisto por el titular, además de habilitar el acceso a través de home banking y aplicaciones móviles. Los fondos serán inembargables, tanto para deudas del trabajador como del empleador.

Si, tras la finalización del vínculo, el empleado inicia otra relación laboral bajo el mismo convenio colectivo, la cuenta deberá permanecer activa durante 180 días corridos desde el último movimiento.

Actualmente, la Ley de Contrato de Trabajo establece que, en caso de despido sin causa, el empleador debe abonar una compensación equivalente a un mes del mejor salario por cada año de servicio, lo que protege al trabajador frente a la inflación. En cambio, en las Cuentas de Cese Laboral, los mecanismos de actualización de fondos deberán definirse en la negociación colectiva.

La normativa también habilita que el propio trabajador pueda aportar regularmente para cubrir un eventual despido, algo que la Ley Bases no contemplaba originalmente, pero que fue incorporado en el decreto reglamentario. Esto genera cuestionamientos legales, ya que obligar a un empleado a financiar su propia indemnización podría ser inconstitucional. El artículo 14 bis de la Constitución Nacional reconoce el “derecho a la protección contra el despido arbitrario”. Aunque el decreto establece que los aportes de los trabajadores no se destinarán a indemnizaciones por despido sin causa, no queda claro cómo se aplicará esa restricción, dado que los depósitos se realizan mientras el vínculo laboral sigue vigente.

Otros sistemas aprobados en la Ley Bases presentan riesgos adicionales: en algunos casos las aseguradoras no cuentan con reaseguros que respalden sus compromisos, y en los Fondos Comunes de Inversión o Fideicomisos Financieros los activos pueden perder valor, afectando directamente el monto de la compensación. En última instancia, el régimen de indemnización por antigüedad continúa existiendo y el trabajador podría igualmente reclamarlo, lo que podría derivar en más litigios, en contraste con el objetivo oficial de reducir la denominada “industria del juicio”.