A medida que el PSOE se encuentra en negociaciones aceleradas con Junts per Catalunya en busca de una amnistía que permita desbloquear la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, el magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Gastellón, citó el lunes como imputados al expresidente catalán Carles Puigdemont y a la secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rovira, en relación con la investigación del proceso independentista unilateral de 2017. Ambos líderes se encuentran en el exilio fuera de España.
El Partido Popular (PP), de orientación conservadora, está respaldando las protestas frente a la sede del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en contra de la amnistía, y su líder, Alberto Núñez Feijóo, está tratando de liderar ese sector de la sociedad. “No nos silenciarán, no nos callarán y no nos detendrán”, declaró el líder del PP este lunes.
La división también se hace evidente en el ámbito legal. Mientras la semana pasada, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de tendencia conservadora, firmó un documento en contra de la amnistía, hoy se ha difundido un manifiesto que respalda la amnistía que el PSOE está negociando con ERC y Junts. Más de 200 juristas, incluyendo al exjuez Baltasar Garzón, han firmado este manifiesto.
El texto responde a la APM, calificando de demagogia la afirmación de que organizaciones de juristas con fines partidistas etiqueten como trampas procesos normativos que aún no han comenzado o describan la aprobación de normas en el ámbito parlamentario como el comienzo del fin de la democracia.
En medio de este contexto, el juez García-Castellón ha citado como imputados a Puigdemont y Rovira en la causa conocida como Tsunami Democràtic, que investiga delitos relacionados con el proceso independentista. García-Castellón tomó esta decisión después de recibir un extenso informe de la Guardia Civil que vincula al expresidente catalán, quien se encuentra exiliado en Bélgica desde 2017, y a la dirigente republicana, que se encuentra en Suiza desde 2018. La Guardia Civil señala a Rovira como una de las coordinadoras del grupo que supuestamente incitó las protestas en Cataluña después de la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a los líderes del procés en octubre de 2019.
Con esta acción, García-Castellón amplía el alcance de la causa sobre Tsunami Democràtic, en la que se investigan delitos de terrorismo. El juez ha ofrecido a Puigdemont la oportunidad de comparecer voluntariamente en el juzgado antes de solicitar un suplicatorio al Parlamento Europeo, del cual forma parte.
El texto destaca la necesidad de citar a Puigdemont como imputado para que pueda ser escuchado en relación a los hechos, ya que su comparecencia en este momento no puede ser de otra manera que bajo la condición de investigado, asistido por un abogado, ofreciéndole así la oportunidad de defenderse, ya que el interrogatorio abordará cuestiones potencialmente incriminatorias.
Mientras se espera más información sobre las negociaciones entre el PSOE y Junts en Bruselas, la Fiscalía ha anunciado que apelará la citación de Puigdemont y Rovira, argumentando que los hechos no califican como delitos de terrorismo, sino de desórdenes públicos. También se menciona la desaparición del delito de sedición, dos cuestiones de calificación legal que podrían transferir la competencia al ámbito local en Barcelona.
