La Corte Suprema de Estados Unidos avaló la decisión del gobierno de Donald Trump de mantener en suspenso cerca de 4.900 millones de dólares destinados a ayuda internacional, mientras el Congreso discute posibles recortes en los fondos de cooperación. El dictamen representa un triunfo relevante para la Casa Blanca en su intención de reducir el gasto federal, luego de que una corte inferior hubiera anulado previamente la medida al considerar que el Ejecutivo excedía sus atribuciones frente al poder legislativo.
El máximo tribunal, con mayoría conservadora, sostuvo que preservar las facultades presidenciales en materia de política exterior tiene mayor peso que el perjuicio que podrían experimentar los receptores de esa asistencia. No obstante, aclaró que la resolución no es definitiva sobre el fondo del caso, sino que solo permite congelar temporalmente los recursosmientras continúa el trámite en instancias judiciales inferiores.
El 28 de agosto, Trump informó que no utilizaría unos 4.900 millones de una partida total de 11.500 millones de dólares que el Congreso había autorizado para ayuda exterior. Lo hizo a través de la figura conocida como “rescisión de bolsillo”, un mecanismo que permite retener o reasignar partidas poco antes del cierre del año fiscal (30 de septiembre en EE.UU.), lo que generalmente impide que las cámaras legislativas tengan tiempo de pronunciarse.
A inicios de septiembre, tras denuncias de organizaciones vinculadas a la cooperación internacional, un juez federal del Distrito de Columbia determinó que la medida era ilegal y ordenó liberar los fondos completos antes de que finalizara el mes. El gobierno insistió en dejar sin ejecutar los 4.900 millones y apeló. El 6 de septiembre, una corte de apelaciones rechazó la solicitud del Ejecutivo de suspender la orden, por lo que dos días después la administración recurrió directamente a la Corte Suprema, que terminó avalando su postura.
Es la tercera ocasión en que el alto tribunal respalda a Trump en congelaciones de este tipo: ya había autorizado el bloqueo de 800 millones de dólares destinados a los Institutos Nacionales de Salud y de otros 65 millones en subvenciones para programas de formación docente.
Diversas ONGs y organismos de cooperación han advertido que estos recortes en la asistencia exterior de Estados Unidos podrían tener impactos humanitarios severos en países en vías de desarrollo, al limitar recursos destinados a salud, educación y proyectos sociales.
