El gobierno de Trump describió a la ciudad de Chicago como un territorio en conflicto, con el fin de justificar el envío de fuerzas federales, decisión tomada en contra de la voluntad de las autoridades locales, quienes pertenecen en su mayoría al Partido Demócrata.
Al mismo tiempo, un tribunal impidió a la administración federal desplegar efectivos en otra ciudad también gobernada por demócratas.
Desde sectores opositores acusan al presidente republicano de ejercer el poder con tintes autoritarios, en medio de su campaña contra el crimen y la inmigración irregular.
Durante la noche del sábado, Trump autorizó el envío de 300 integrantes de la Guardia Nacional a Chicago, la tercera ciudad más poblada del país. La decisión fue rechazada por autoridades locales, incluyendo al gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, quien expresó su desacuerdo con la medida.
Por su parte, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, respaldó públicamente la intervención, asegurando que la situación en Chicago se asemeja a un escenario de guerra. En respuesta, el gobernador Pritzker declaró que el Partido Republicano busca deliberadamente desestabilizar la ciudad. “Están intentando provocar caos para justificar una mayor presencia militar. Deberían retirarse de inmediato”, afirmó.
