El presidente de Estados Unidos, Trump, firmó una nueva orden ejecutiva que refuerza su estrategia arancelaria y establece gravámenes adicionales a productos provenientes de 69 países socios. Esta decisión, que ha generado controversia y acciones legales dentro del país, se enmarca en su enfoque más rígido sobre los acuerdos comerciales.
Según lo dispuesto, los nuevos aranceles ad valorem —que en su mayoría oscilan entre el 10% y el 40%— comenzarán a aplicarse una semana después de la firma del decreto, aunque algunas excepciones fueron previstas por razones logísticas.
En el documento oficial, Trump argumentó que varios socios, a pesar de haber participado en negociaciones, no ofrecieron condiciones que compensen de forma adecuada los desequilibrios comerciales o no han demostrado una alineación suficiente con los intereses económicos y de seguridad de Estados Unidos. En algunos casos, señaló que incluso hubo países que no iniciaron conversaciones formales con su administración.
Los países que están en proceso de cerrar acuerdos significativos con Washington también se verán alcanzados por las nuevas tarifas hasta tanto dichos convenios sean finalizados y oficializados. Para aquellos que no figuran en el anexo principal de la orden, se aplicará por defecto un arancel general del 10%, salvo disposición contraria.
La medida también instruye al Departamento de Comercio, junto con el de Seguridad Nacional y otros organismos federales, a elaborar semestralmente una lista de países e instalaciones implicadas en maniobras para esquivar los aranceles. Este listado será utilizado como referencia en contratos públicos, evaluaciones de seguridad y auditorías comerciales.
Además, se habilitó a las agencias gubernamentales a ejecutar todas las acciones necesarias bajo el amparo de la Ley de Facultades Económicas de Emergencia Internacional (IEEPA), lo que incluye modificar o suspender temporalmente normativas vigentes, con el objetivo de hacer efectiva la nueva política.
En días recientes, la administración Trump alcanzó entendimientos con la Unión Europea, el Reino Unido, Japón y Corea del Sur, mientras que resolvió imponer unilateralmente restricciones a países como India y Brasil. Sin embargo, se reportó un trato más flexible hacia Camboya y Malasia, que no fueron objeto de medidas más severas.