La sede central del partido de extrema derecha Agrupación Nacional, ubicada en París, fue allanada este miércoles por la brigada financiera junto a dos magistrados, según difundieron diversos medios franceses.
El líder de RN, Jordan Bardella, calificó este procedimiento como un acto de “persecución” contra la formación, de acuerdo con el portal RFI.
Este operativo está vinculado a la causa judicial iniciada en julio de 2024, que investiga presuntas irregularidades en la financiación de las campañas presidenciales y legislativas de 2022, así como de las elecciones europeas de 2024, informaron fuentes de la fiscalía parisina.
Cabe recordar que en marzo pasado, la Justicia condenó a Agrupación Nacional en otro proceso por malversación de fondos públicos europeos, fallo que además incluyó la inhabilitación política inmediata por cinco años de su referente, Marine Le Pen.
A través de la red social X, Bardella detalló que el registro comenzó cerca de las 8.30 de la mañana y que los investigadores se llevaron “todo tipo de correos, documentación y registros contables”.
“Ni siquiera nos han precisado cuáles son los fundamentos exactos de esta operación”, añadió Bardella, quien además señaló que la revisión alcanzó las oficinas de la conducción partidaria y que fueron retirados expedientes vinculados a las últimas elecciones regionales, presidenciales, legislativas y europeas.
Para el dirigente, se trata de “un ataque grave contra la democracia y la alternancia política”, y reiteró su denuncia por el “hostigamiento” que, a su juicio, sufre Agrupación Nacional, fuerza que actualmente encabeza las encuestas para la primera vuelta de las próximas elecciones presidenciales.
La fiscalía francesa, por su parte, lleva adelante desde mediados de 2024 una investigación sobre los préstamos otorgados por particulares a este partido, luego de que la Comisión Nacional de Cuentas de Campaña y Financiamiento Político (CNCCFP) presentara una denuncia formal.
El objetivo de la pesquisa es determinar si los fondos de campaña provinieron de créditos ilegales de personas físicas y si en los balances presentados al Estado se incluyeron sobrecostos o facturaciones ficticias, explicó el Ministerio Público.
