El gobierno logró una victoria por 42 votos a favor y 30 en contra.
Antes de la votación, el titular del interbloque justicialista, José Mayans, cuestionó con dureza la iniciativa. En su exposición, apeló a los postulados históricos del peronismo vinculados a la justicia social y al rol del Estado en la protección del empleo. Anticipó que, a su entender, el proyecto no prosperará en sus objetivos y sostuvo que la orientación económica del Gobierno conduciría a un mayor endeudamiento y a un deterioro de la actividad productiva.
El senador formoseño afirmó que desde el cambio de administración se habrían perdido más de medio millón de puestos de trabajo registrados y advirtió que la apertura de importaciones afectaría especialmente a las economías provinciales. También consideró que el esquema propuesto replica experiencias anteriores que, según su visión, perjudicaron al interior del país.
Mayans fue más allá al calificar la reforma como contraria a la Constitución y cuestionó el discurso oficial sobre la denominada “casta”. En ese marco, acusó al Ejecutivo de avanzar con recortes que impactan en jubilados, universidades y presupuestos provinciales. Además, responsabilizó al equipo económico por la orientación del programa vigente, al que atribuyó prácticas especulativas y la venta de activos estatales para afrontar compromisos financieros.
En el tramo final de su intervención, señaló que resulta difícil alcanzar acuerdos amplios cuando —según planteó— no existe voluntad de diálogo. También objetó el operativo de seguridad desplegado en las inmediaciones del Congreso, al que describió como desmedido.
En contraste, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, defendió el proyecto y lo presentó como una herramienta para modernizar el mercado laboral. Sostuvo que la propuesta apunta a simplificar normas que regulan la actividad de trabajadores y empresas, y afirmó que se trata de una reforma acorde al modelo de país que promueve la actual gestión.
Bullrich remarcó que desde hace más de una década el país no logra expandir el empleo formal y subrayó la necesidad de fortalecer el sector privado. Aclaró, no obstante, que ninguna ley garantiza por sí sola la creación de puestos de trabajo, aunque consideró que el nuevo marco normativo puede generar condiciones más favorables.
Según argumentó, el crecimiento del empleo depende de la competitividad y de reglas claras que brinden previsibilidad. En esa línea, cuestionó la legislación vigente por entender que ha obstaculizado la expansión productiva y sostuvo que el esquema previo no consiguió revertir el estancamiento.
La senadora insistió en que el objetivo es impulsar una economía basada en la iniciativa privada y no en la ampliación del aparato estatal. También planteó que la seguridad jurídica será un factor central para atraer inversiones y sostuvo que el Estado, tal como ha funcionado hasta ahora, ha limitado el potencial productivo del país.
