Las empresas industriales pagan en promedio 7,4 tributos municipales

Según un estudio realizado por la UIA, las empresas del sector industrial afrontan un promedio de 7,4 tasas municipales.

El análisis señala que, en promedio, cada municipio cobra 1,4 tasas a las empresas. Entre los principales problemas identificados por las firmas encuestadas se destacan la doble imposición, la falta de proporcionalidad y la ausencia de contraprestación directa por los tributos abonados.

El presidente de la UIA explicó que “las tasas municipales representan un componente importante de la carga tributaria que afecta a la producción formal en Argentina, incidiendo directamente en la competitividad de los productos nacionales”.

El informe reveló que más del 81 % de las tasas municipales no ofrecen contraprestación, lo que evidencia la magnitud del impacto fiscal sobre las industrias. Además, la UIA destacó que Argentina encabeza el ranking de presión impositiva sobre el sector formal, tanto a nivel nacional como subnacional. Comparada con 30 países de la OCDE y otras naciones, es el único caso donde las tasas municipales resultan tan gravosas como los impuestos provinciales.

Otro dato relevante del estudio indica que una de cada tres tasas corresponde a Seguridad e Higiene (TISH), que representa aproximadamente el 1,8 % del precio final de productos como alimentos. En el 35 % de los casos, estas tasas generan doble imposición, principalmente sobre Ingresos Brutos, ya que las empresas tributan varias veces sobre la misma base imponible.

Las provincias con mayor cantidad de tasas promedio por municipio son Buenos Aires, La Pampa, Jujuy, Entre Ríos y Misiones. En este contexto, Rappallini comentó que “la industria no tiene ruedas”, señalando que, si bien una empresa no puede trasladar su actividad debido a los costos locales, sí puede decidir dónde realizar nuevas inversiones, considerando estos costos como parte de la decisión.

Por su parte, el presidente del Departamento de Política Tributaria de la UIA, resaltó la importancia de “promover un consenso fiscal que involucre a los tres niveles de gobierno, con una autoridad clara de aplicación y mecanismos de incentivo y sanción para quienes cumplan o incumplan lo acordado”.

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