El Gobierno ha incorporado en el Presupuesto 2025 un ambicioso y desafiante objetivo: lograr que las tarifas de electricidad y gas cubran el 85% de los costos de producción. Esto implica un cambio significativo en la política de subsidios energéticos, ya que actualmente los usuarios asumen aproximadamente el 60% de dichos costos.
Nueva estrategia de subsidios: segmentación por ingresos:
La estrategia de subsidios en Argentina ha evolucionado hacia una segmentación más clara en los últimos años, y el Presupuesto 2025 profundiza esta tendencia. Los usuarios se dividen en tres categorías:
Nivel 1 (N1): usuarios de altos ingresos que pagan el 100% del costo energético.
Nivel 3 (N3): usuarios de ingresos medios que aún reciben subsidios, pero con un bloque de consumo subsidiado reducido.
Nivel 2 (N2): sectores de ingresos bajos que tradicionalmente reciben más asistencia. Sin embargo, las nuevas normas también les aplicarán restricciones en el consumo subsidiado.
Consecuencias para usuarios de ingresos medios y bajos:
Uno de los principales retos de este ajuste es su efecto sobre los usuarios de ingresos medios y bajos, quienes sentirán más intensamente el incremento en sus facturas. En un contexto económico caracterizado por alta inflación y recesión, el poder adquisitivo de estos grupos ya se ha visto afectado, lo que complica aún más la situación. Las políticas implementadas en 2024 por el Gobierno de Milei ampliaron los subsidios a más hogares, pero los límites de consumo se han vuelto más estrictos, generando tensiones en el equilibrio entre las necesidades sociales y los objetivos fiscales.
El Decreto 465/2024 y la Canasta Básica Energética:
El Decreto 465/2024, firmado por el presidente Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, establece un plazo de seis meses para la transición hacia este nuevo esquema de subsidios. Durante este periodo, el Gobierno espera ajustar los mecanismos para una implementación efectiva de la Canasta Básica Energética (CBE), diseñada para garantizar un consumo mínimo subsidiado. Sin embargo, su aplicación ha sido complicada por la falta de datos actualizados sobre los hogares beneficiarios.
Con la implementación del nuevo esquema tarifario, los sectores más vulnerables temen que el aumento en los costos energéticos genere un mayor descontento social. Este temor es particularmente relevante en un contexto de inflación y aumento del desempleo, que han incrementado los niveles de pobreza y dificultan a muchos hogares cubrir sus necesidades básicas.
El desafío fiscal y la sostenibilidad del sistema energético:
El Gobierno sostiene que este ajuste tarifario es fundamental para evitar una crisis fiscal más severa. Desde su perspectiva, es esencial reducir el peso de los subsidios energéticos en las cuentas públicas para asegurar la sostenibilidad del sistema y, al mismo tiempo, destinar recursos a quienes más lo necesitan. No obstante, expertos advierten que alcanzar el objetivo del 85% dependerá de la capacidad del sistema energético para aumentar su eficiencia y reducir costos, especialmente en lo que respecta a la importación de gas.
A medida que se acerca el verano, existe preocupación por la posibilidad de que los costos energéticos se incrementen aún más debido a la necesidad de implementar medidas que prevengan cortes de luz durante los picos de consumo. Esto podría resultar en nuevos aumentos en las tarifas, afectando directamente a hogares que ya enfrentan dificultades económicas.
Una política con implicaciones sociales:
El ajuste tarifario propuesto en el Presupuesto 2025 presenta un escenario complicado tanto para los usuarios como para el Gobierno. Mientras se busca reducir los subsidios energéticos y avanzar hacia un sistema más eficiente, el impacto sobre los sectores de ingresos bajos y medios será significativo, lo que podría aumentar el malestar social. En este contexto, el desafío será encontrar un equilibrio entre la necesidad de avanzar hacia la sostenibilidad fiscal y la protección de los más vulnerables.
La propuesta de ajuste conlleva una reducción del 47% en los subsidios energéticos, lo que se traduce en más de 3.600 millones de dólares menos en costos para el Estado. Esto implica que una mayor proporción de los costos se trasladará directamente a los consumidores.
