La economía de los hogares argentinos atraviesa una situación sumamente frágil, con casi una de cada cuatro familias (23,4%) recurriendo al endeudamiento para cubrir sus gastos mensuales durante el primer trimestre de 2025. Así lo indica un informe reciente del Instituto Argentina Grande – IAG- , que refleja el impacto del deterioro del poder adquisitivo, el encarecimiento del crédito y una transformación profunda en las formas de endeudarse.
Aunque este porcentaje es levemente inferior al registrado en los momentos más críticos de años anteriores, el cambio más significativo está en la composición del endeudamiento: desde el inicio del actual gobierno, creció un 24% la cantidad de familias que solicitan préstamos en instituciones financieras formales, y un 61% combina esa vía con ayuda de familiares o préstamos informales, reflejando una creciente dependencia de múltiples fuentes de financiamiento para sostener el consumo básico.
El informe advierte sobre un desfase alarmante entre ingresos y deuda: mientras que el total adeudado a bancos y entidades financieras aumentó un 69% en términos reales desde noviembre de 2023, el salario registrado en el sector privado cayó un 2,5% en el mismo período, lo que pone en duda la viabilidad de los pagos en el mediano plazo.
En total, aproximadamente el 30% de la población – más de 15 millones de personas – mantiene deudas con el sistema financiero, lo que marca un cambio preocupante: el crédito ha dejado de ser un recurso para adquirir bienes duraderos y se ha convertido en un salvavidas mensual ante ingresos que ya no alcanzan.
Este panorama se agrava por las elevadas tasas de interés resultantes del endurecimiento de la política monetaria, una medida adoptada para frenar la presión sobre el tipo de cambio. Las tasas para el uso de tarjetas de crédito alcanzan el 87,4% anual, y los préstamos personales llegan al 81,6%, cifras que superan ampliamente la inflación interanual, estimada en un 28,3%.
Esta diferencia encarece el acceso al crédito y profundiza el ciclo de endeudamiento, afectando sobre todo a los sectores de ingresos medios y bajos. En paralelo, el poder adquisitivo continúa deteriorándose: mientras la inflación acumulada desde el cambio de gestión se ubica en el 233%, los salarios del sector público nacional apenas aumentaron un 115%, lo que representa una pérdida real del 32%.
A esto se suma que los servicios públicos han experimentado ajustes muy por encima del promedio general de precios, golpeando de lleno el bolsillo de los consumidores, mientras que alimentos esenciales como carne y lácteos mostraron subas más moderadas. De cara al próximo año, se prevé una actualización en la metodología del INDEC que dará mayor peso a los servicios en el índice de precios, lo que podría reflejar una inflación acumulada aún más alta desde el inicio del actual mandato, estimándose en un 247% en lugar del 233% actual.
