La pérdida de poder adquisitivo de los salarios y el encarecimiento del costo del financiamiento son los principales motivos del incremento en el atraso del pago de deudas por parte de las familias argentinas.
El escenario económico está dificultando el cumplimiento de las obligaciones financieras de numerosos hogares. Las tasas de interés activas, que continúan ubicándose en niveles elevados en términos reales, reducen el margen de maniobra de quienes necesitan refinanciar compromisos y terminan complicando aún más la regularización de las deudas.
Según el análisis realizado, la evolución de los ingresos explica buena parte del deterioro. El poder de compra atravesó una primera etapa de retroceso, luego tuvo una recuperación parcial y posteriormente volvió a mostrar señales de estancamiento, e incluso una leve contracción. A esto se suma la reducción del empleo formal, que afectó la capacidad de pago de una parte de los hogares.
Otro factor señalado es el comportamiento de las tasas de interés. La reducción de la inflación no estuvo acompañada por una baja equivalente en el costo de los créditos. Las entidades financieras, a su vez, incrementaron los márgenes aplicados a los préstamos como mecanismo para cubrir el aumento de la morosidad de sus carteras. Esto terminó dificultando el acceso a alternativas de refinanciación más accesibles.
El diagnóstico también muestra que el problema tiene una dimensión considerable dentro del sistema financiero. Cerca del 28% de las personas humanas endeudadas figura en los niveles de mayor irregularidad —situaciones 3 a 5— de la Central de Deudores del Banco Central.
En términos de operaciones, los préstamos que presentan algún grado de atraso representan el 24,7% del total. Si se analiza el monto involucrado, la cartera irregular equivale al 18% de los créditos concedidos. La proporción se reduce al 15,3% cuando se consideran exclusivamente los préstamos otorgados por bancos tradicionales.
Esto demuestra que el deterioro es particularmente marcado en los créditos de menor importe concedidos por entidades no bancarias, como financieras, billeteras digitales y otras compañías vinculadas al ecosistema fintech.
Los jóvenes aparecen entre los segmentos con mayores dificultades para cumplir con sus compromisos. El fenómeno coincide con una mayor utilización de alternativas de financiamiento ofrecidas por entidades no bancarias entre las personas de menor edad.
De todos modos, el informe advierte que la mayor cantidad de casos problemáticos se concentra en los grupos etarios donde también está reunido el mayor volumen de deuda: personas de entre 30 y 70 años. En este segmento se encuentran muchos adultos que tienen responsabilidades familiares y que tradicionalmente muestran un comportamiento más cuidadoso frente al endeudamiento.
Por eso, el aumento de los atrasos dentro de este grupo puede interpretarse como una señal de dificultades económicas concretas y no solamente como un cambio en los hábitos financieros de los hogares.
La magnitud del problema también se observa en los créditos pequeños otorgados por financieras no bancarias. En determinados segmentos, la morosidad ronda el 20%, con especial incidencia en préstamos inferiores a los 50.000 pesos.
Frente a este panorama, el documento plantea la necesidad de actuar en dos frentes simultáneos: evitar que continúe creciendo el deterioro y buscar mecanismos que permitan resolver el stock de deudas que ya se encuentran en situación irregular.
Finalmente, otra de las recomendaciones apunta a limitar el efecto que tiene el historial generado en una entidad sobre la calificación que recibe el mismo deudor cuando intenta operar con otra institución. El objetivo sería evitar que una clasificación desfavorable se traslade automáticamente de una entidad financiera a otra y termine dificultando aún más la recuperación de quienes buscan ponerse al día.
