El Congreso de los Diputados de España extendió este martes por dos semanas más la discusión parlamentaria sobre la ley de amnistía, atendiendo a una solicitud presentada por el Partido Socialista, liderado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Esto permitirá la emisión de un nuevo dictamen y la negociación con los independentistas catalanes antes de proceder a una nueva votación.
Esta prórroga brinda al Gobierno progresista de Sánchez el espacio necesario para alcanzar un nuevo acuerdo con Juntos por Cataluña (JxC), luego de que esta formación, liderada por Carles Puigdemont, sorprendiera con un voto en contra durante la primera propuesta, la cual fue rechazada en el pleno del Congreso de los Diputados el 30 de enero pasado.
Tras su retorno a la comisión de Justicia del Congreso, el texto requería un nuevo dictamen antes del 21 de febrero. Sin embargo, con la reciente prórroga solicitada por los socialistas, este plazo se extiende ahora hasta el 7 de marzo.
Posteriormente, el nuevo texto será debatido y sometido a votación por los diputados, según informaron.
El Gobierno aspira a que la ley de amnistía sea aprobada “lo antes posible”, según lo expresó este martes la vocera del Ejecutivo, Pilar Alegría, durante la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros. En sus palabras, “nadie, especialmente en Cataluña, entendería que no se aprobase”, en una alusión implícita a JxC, según informaron.
Ante la desconfianza generada por las recientes decisiones de algunos magistrados, JxC exige modificaciones en el texto para garantizar que dos posibles cargos judiciales, uno por terrorismo y otro por alta traición, no impidan que la amnistía beneficie a Puigdemont, quien se encuentra en Bélgica desde hace más de seis años para evitar enfrentarse a la justicia española.
Inicialmente, estos requerimientos fueron descartados por los socialistas. No obstante, mantienen el optimismo respecto a la posibilidad de alcanzar un acuerdo que permita avanzar en una ley que ha generado una profunda división en el país.
“El acuerdo no era fácil, de lo contrario la ley habría sido aprobada en el primer momento”, reconoció este martes la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, en una entrevista en la radio Cadena Ser.
La propuesta de ley para amnistiar a cientos de independentistas procesados por su participación en el intento de secesión de Cataluña en 2017 ha sido tema central del debate político español desde las elecciones generales de julio pasado.
Los independentistas catalanes condicionaron su apoyo a Sánchez para su reelección a la aprobación de esta amnistía.
Sin embargo, hace unas semanas, medios españoles informaron sobre reuniones secretas entre el líder del conservador Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, y los catalanes antes de las elecciones generales que ganó el PP.
Este hecho provocó un nuevo escándalo, ya que tanto Núñez Feijóo como otras figuras del PP se habían manifestado en contra de amnistiar a los catalanes, quienes finalmente inclinaron la balanza a favor de una nueva investidura presidencial para Sánchez.
El PP ha expresado su oposición a la prórroga argumentando que, dado que el proyecto de ley se tramitó por la vía de urgencia, el plazo es de 15 días y no de un mes, y han denunciado que “no existen precedentes” de algo similar, según informaron.
